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EEUU prevé que la producción de maíz en España irá a la baja en los próximos años, sobre todo en variedades biotecnológicas

Redacción laagriculturadigital.com15/02/2019

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA en sus siglas en inglés) constata que hay un declive a largo plazo del cultivo de maíz en España y, de forma paralela, de la superficie dedicada a la única variedad modificada genéticamente (OMG) -el maíz bt o MON810- que se siembra desde 1998.
El informe, titulado "España: Anuario de biotecnología agrícola", explica que la superficie española de maíz transgénico, que representa el 95 % de toda del área de cultivos modificados de la Unión Europea (UE), está condicionada por factores como la disponibilidad de agua o la competencia de cultivos alternativos.
También lo está por la incidencia del gusano barrenador en el maíz tradicional, ya que si ésta es baja los agricultores optan más por las semillas no tratadas genéticamente para la siguiente campaña.
Según los datos del estudio, la superficie total plantada en España de maíz ha bajado paulatinamente de las 421.600 hectáreas (4,81 millones de toneladas) de la campaña 2014/15 hasta las 326.600 ha (3,67 millones de t) en la 2018/19.
En 2013, los agricultores dedicaron al maíz MON810 un total de 136.962 ha, una cifra que no se ha vuelto a alcanzar en los años posteriores, según datos hasta 2018 (115.246 ha).

España es ya desde hace tiempo el mayor productor de maíz biotecnológico en la Unión Europea (UE) y uno de los principales consumidores de harina de soja genéticamente modificada (GE) en la alimentación animal. El país ha defendido tradicionalmente un enfoque científico de la biotecnología agrícola. En junio de 2018, España dividió sus responsabilidades a nivel de gabinete para asuntos agrícolas y ambientales en dos ministerios diferentes: el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y el Ministerio de Transición Ecológica. Este desarrollo no ha tenido un impacto inmediato en el enfoque de la biotecnología de España. La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) sobre nuevas técnicas de reproducción (NBT) ha provocado discusiones internas sobre la viabilidad de su implementación a nivel de los Estados miembros. También ha expresado preocupación por su posible impacto negativo en la investigación y la competitividad agrícola de España.

AGRICULTURA BIOTECNOLÓGICA EN ESPAÑA

España permite de forma controlada y limitada el desarrollo de GE (ingeniería genética) y biotecnologías innovadoras (IB) en la agricultura. Se desarrolla Investigación y ensayos de campo sujetos a previo aviso y autorización. En el mejoramiento de semillas en España las empresas ven un gran potencial para los IB para sus programas de reproducción, sin embargo, no hay nuevos GE ni IB que permitan anticipar que los desarrollos estarán en el mercado dentro de los próximos cinco años. Lo restrictivo del marco normativo continúa desalentando la investigación y el desarrollo nacionales, y evitan que estas tecnologías alcancen pleno potencial a nivel comercial.
España, junto con Portugal, es uno de los dos únicos productores de cultivos transgénicos en la UE. El área total sembrada de maíz en España varía cada año según la disponibilidad de agua,
costos de riego, precios pagados a los agricultores, presencia de plagas y competencia de cultivos alternativos. En el medio plazo la superficie de cultivo total de maíz y concretamente la de maíz GE seguirá una tendencia a la baja por falta de rentabilidad y la ausencia de innovaciones que permitan mejorarla.
Ahora en España coexisten las plantaciones de maíz y maíz convencional. Dado que la producción nacional de ingredientes para piensos no es suficiente para satisfacer la demanda de su sólido sector ganadero orientado a la exportación, España depende en gran medida de las importaciones de granos y oleaginosas.
Los productos de GE importados en España consisten en soja y productos, pero también maíz y sorgo. Es práctica general de los fabricantes de piensos españoles etiquetar todos los piensos por por defecto como "contiene productos de GE".
En junio de 2018, España dividió el antiguo Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) en dos ministerios diferentes: el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Ministerio de Transición Ecológica. Por el momento, este cambio no ha tenido ningún efecto inmediato. España sigue defendiendo un enfoque pragmático y basado en la ciencia para regular la biotecnología agrícola en relación con tanto el cultivo como las importaciones, y vota sistemáticamente de acuerdo con los de la EFSA (European Food Safety Autoridad) recomendación.
La sentencia del Tribunal de Justicia Europeo (TJCE) emitida el 25 de julio de 2018 para regular la edición del genoma como los productos convencionales de GE supuestamente fue una sorpresa para las partes interesadas españolas.
En la comunidad científica, la decisión del Tribunal de Justicia es especialmente preocupante como pequeñas empresas de investigación e instituciones públicas que pueden no tener los recursos para moverse en las condiciones de la aprobación, que son más complejas. El fallo también encendió discusiones sobre la viabilidad de su aplicación a nivel de los Estados miembros. Las partes interesadas agrícolas expresaron su preocupación por continuar enfrentando la competencia de terceros países sin tener acceso a las mismas herramientas que sus competidores. Sin embargo, la conciencia pública sobre este tema sigue siendo
muy limitado.
España no tiene un registro público para la investigación en clonación y notificación de clonaciones. La comunicación de investigación no es obligatoria. La clonación se limita a actividades de investigación que se centran en especies en peligro de extinción, ninguna de ellas destinada al consumo humano, que es el aspecto que genera mayores polémicas.
Los animales transgénicos, previa notificación y autorización, están permitidos y se rigen por la
mismas reglas que para la investigación de plantas GE. La mayoría de las notificaciones en esta área consisten en Investigación para fines farmacéuticos realizada por instituciones públicas.

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